El ayuntamiento de Manacor fue el promotor de un puente que
se inauguró en 2004 pero que tuvo que ser demolido 8 años más tarde. La
construcción y el derribo costó a las Administraciones casi 2 millones de euros.
El puente, que desde el punto de vista de la movilidad seguramente aportaba
soluciones al tráfico, fue un despropósito desde el punto de vista ambiental (prácticamente se metía en los balcones de las casas) y
urbanístico.
El puente se pegaba en exceso a los edificios colindantes
El partido Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC), fue
el principal defensor de la iniciativa. El proyecto del Pont del Riuet fue
aprobado por el Consell de Govern en octubre de 1999, con un presupuesto 1,1
millones de euros. En 2001 se aprueba la adjudicación de las obras que fueron
ejecutadas por la empresa Melchor Mascaró S.A. Estas obras se iniciaron a
finales de octubre de 2002 y concluyeron en mayo de 2004.
El Puente "se metía" en las terrazas de los vecinos.
La idea inicial preveía un puente a unos 5,60 metros de
altura sobre el mar, pero el proyecto aprobado en 1999 modificar el diseño
inicial y ampliarlo hasta los 7,50 metros de altura y 11 de ancho.
Pronto los vecinos alertaron del excesivo acercamiento del
puente a sus viviendas, lo que hizo que alguno de ellos incluso no pudiera abrir
la ventana. En 2003, 17 afectados presentaron un
recurso por la presunta ilegalidad del puente.
Los tribunales dieron la razón a los demandantes anulando
los decretos de aprobación del proyecto y de construcción del puente. El
puente, además de suponer un impacto brutal sobre el edificio colindante, se
hizo vulnerando la normativa urbanística:
- La justificación para anular los decretos fue que había
"una vulneración flagrante" del reglamento de planeamiento
urbanístico debido a que el trazado del puente excedía la reserva que permitían
las normas urbanísticas.
- Además, el puente no estaba contemplado en el Plan Director
Sectorial de Carreteras, instrumento de planificación que podía haber justificado
su ejecución, aunque vulnerase la normativa urbanística (en este caso, la normativa
urbanística tendría que adaptarse al Plan de Carreteras).
2003
2009
2015
El puente debía ser demolido, pero el Ayuntamiento recurrió en el Tribunal
Supremo que ratificó la sentencia. Tras esto, en enero de 2009 la
sala envió un expediente administrativo al Ayuntamiento en el que se indicaba
que el consistorio tenía dos meses para ejecutar la sentencia y demoler el
puente. Este plazo fue superado sin que el Ayuntamiento la llevase a cabo.
Obras de demolición del puente
Finalmente, a finales de 2010 el Tribunal impuso al alcalde,
Antoni Pastor, una sanción de 4.000 euros a cargo de su patrimonio por
incumplir la sentencia (tenía que pagar de su bolsillo, no de las arcas del ayuntamiento). Además, le advirtió de que, en caso de proseguir los
incumplimientos, seguirían las imposiciones económicas y las diligencias
penales previas por desacato a la autoridad judicial. Asimismo, se informaba
que cada 15 días que transcurriesen sin cumplir la sentencia, el alcalde de
Manacor debería de pagar 1.500 euros más.
El ex-alcalde Antoni Pastor
Tocarle el bolsillo al alcalde (que no al ayuntamiento) supuso
la agilización de los trámites para la demolición del puente. Eso sí, con un
recurso de súplica por medio del alcalde para no pagar las multas impuestas que fue desestimado. En
septiembre de 2011, sólo siete años y medio años después de que fuera inaugurado, se inician las obras de demolición que finalizaron en 2013.
Además de los 1.100.000 € que costó su construcción, la demolición
del puente supuso otros 759.000 €. En total caso 2 millones de euros para una
obra que nunca debió empezar.
